El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que por mandato de la ley federal debe publicar e investigar la muerte de todos los detenidos a su cuidado, ha estado utilizando una laguna jurídica para evitar la plena rendición de cuentas.
Una investigación del IRW encontró que el ICE no reportó la muerte de reclusos a los cuales había liberado estando enfermos y cuyo deceso ocurrió en hospitales poco después de su ingreso. Ese patrón se ajusta al menos a tres muertes que el IRW rastreó entre 2018 y 2020, y a tres casos más de personas que también murieron después de ser liberadas en ese período. La ley federal se reformó en 2018 y requiere que la agencia informe públicamente los decesos de personas en custodia.
El ICE informó de 35 muertes en ese periodo, que incluyen casos relacionados con COVID-19 y otros no relacionados con esa enfermedad.
Las familias de algunos de los fallecidos, así como los defensores de la inmigración y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijeron que el ICE está violando las reglas de transparencia establecidas por el Congreso.
Eunice Cho, litigante senior de la ACLU, considera que el ICE juega con la semántica.
“Realmente creemos que es un patrón desafortunado de liberación de personas moribundas que están bajo la custodia del ICE, el cual le permite evadir su responsabilidad por esas muertes”, dijo Cho.
‘Morir en silencio’
Recluido en un centro de detención de inmigrantes en Ohio con el COVID-19 esparciéndose a su alrededor, Oscar López Acosta llamó a su esposa para decirle que estaba “muriendo en silencio”. Luchaba contra la diabetes y temía que contraer el coronavirus fuera fatal.
López Acosta fue detenido en 2018 por reingreso ilegal a los Estados Unidos. El ICE lo liberó el 24 de abril de 2020, pero su salud ya estaba quebrantada. En una entrevista con el IRW, la esposa de López Acosta, Lourdes María Mejía Flores, dijo que creía que el ICE sabía que su esposo estaba infectado, como lo confirmaron las pruebas que se hizo en el hospital poco después de regresar a casa.
Él “no quería comer nada”, dijo Mejía Flores, y agregó que “vomitaba sangre”.
Su condición empeoró y en la tarde del 10 de mayo López Acosta murió en el sofá de su casa en Dayton, Ohio. Le sobreviven su esposa e hijos, entre ellos una niña de 9 años.
“Ellos me pide muchas explicaciones. ¿Por qué dejaron morir a su padre?”, dijo Mejía Flores.
Mejía Flores está desconsolada por la pérdida y está enojada con los funcionarios federales.
“Lo dejan ir y una vez que lo dejan ir, no hay responsabilidad”, resume. “Por eso me gustaría que lo reconocieran oficialmente.”
Si el ICE reconoce la muerte de una persona mientras se encuentra bajo su custodia, está obligado a investigar el deceso. También se hace cargo del entierro de indigentes si la familia o el respectivo consulado no reclaman los restos, y repatria los restos si la familia si no puede pagarlo, que es otra razón por la cual el reconocimiento oficial es tan importante para los familiares.
Mientras los reporteros del IRW investigaban el sub registro de muertes, la ACLU presentó una solicitud de registros públicos de documentos relacionados con la liberación por parte del ICE de detenidos que se encuentren hospitalizados. Cuatro de las muertes investigadas por el IRW son el foco de un estudio separado de la ACLU. El grupo de vigilancia independiente toma medidas relacionadas con incidentes de personas que fueron liberadas estando hospitalizadas y que murieron allí poco después.
López Acosta no fue uno de estos casos por lo complicado de su muerte. Murió en su casa, unas dos semanas después de su liberación. El ICE no informó ni investigó públicamente la muerte de López Acosta y no estaba obligado a hacerlo. Pero su esposa sostiene que el ICE es responsable.
La agencia está obligada a informar públicamente sobre las muertes de los detenidos a su cargo, según la ley de asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional, de 2018. Es posible que el ICE no esté violando la ley, pero un miembro del personal del Congreso dijo que este patrón de liberar a los detenidos que se encuentren en su lecho de muerte podría “violar el espíritu” de esa ley.
“Queremos tratar de cerrar las lagunas”, dijo el funcionario, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente. “Las personas reaccionan a los incentivos y a los desincentivos y tratan de evitar inculparse, y eso puede tener consecuencias perversas.”
La ACLU presentó una demanda el 7 de octubre alegando que el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE estaban reteniendo ilegalmente registros públicos; su solicitud inicial de información no recibió respuesta. Cho dijo que en la medida en que la pandemia de coronavirus continúa matando a personas vulnerables en lugares como los centros de detención de inmigrantes, es importante que la ACLU reciba la información que solicita.
“Este es solo otro ejemplo de la falta de transparencia en las acciones del ICE, en especial en el trato a las personas detenidas”, dijo Cho.
El IRW se comunicó repetidamente con el ICE con preguntas sobre las muertes que no registró. Sin embargo, la agencia no proporcionó información específica sobre ninguno de los casos y declinó conceder una entrevista.
En una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz del ICE dijo que la agencia se toma en serio la “salud, la seguridad y el bienestar” de los detenidos, “incluidos aquellos que están bajo la custodia de ICE con afecciones médicas previas o que nunca antes habían recibido atención médica adecuada”.
“La muerte de personas bajo la custodia del ICE representan una pequeña fracción del promedio nacional de las poblaciones detenidas en custodia federal o estatal; no obstante, cualquier muerte que ocurra bajo la custodia del ICE es motivo de preocupación”, escribió el portavoz.
Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, la tasa de mortalidad de los prisioneros estatales en 2018 fue de 344 muertes por cada 100.000 prisioneros, y la tasa de mortalidad de los prisioneros federales en 2018 fue de 250 por cada 100.000. En 2020, CNN informó que 21 personas murieron mientras estaban bajo custodia del ICE, el número más alto desde 2005.
‘Situación turbia’
Margaret Hellerstein, la abogada que representa a Martín Vargas Arellano, detenido en 2019 por el ICE, había estado luchando por la liberación de su cliente durante meses. Vargas Arellano vivía en los Estados Unidos desde hacía 50 años. Fue arrestado por hurto menor y por no registrarse como delincuente sexual, según el diario San Fernando Sun. En marzo de 2020, sin el conocimiento de Hellerstein, el ICE presentó la documentación para liberarlo y, al mismo tiempo, lo envió a un hospital cercano. Murió de COVID-19 tres días después.
Hellerstein le dijo al IRW que fue difícil encontrar la última dirección conocida de su cliente: el Hospital St. Jude en Fullerton, California.
El personal del hospital le dijo a Hellerstein que Vargas Arellano ya no estaba allí. La abogada luego llamó al médico forense del condado, quien dijo que Vargas Arellano había muerto en el hospital 10 días antes.
Hellerstein dice que la decisión del ICE de poner en libertad a Vargas Arellano fue “atroz” y “equivocada”.
“La explicación más turbia sería que no querían que su muerte quedara registrada en sus libros, por lo que le dieron la libertad a sabiendas de que estaba a punto de morir”, asegura. “También es posible que no tenga nada que ver con eso, pero incluso si ese fuera el caso, todavía fue increíblemente inapropiado mantenerlo detenido tanto tiempo.”
El expediente de Juan Cruz es similar al de López Acosta y al de Vargas Arellano. Al igual que López Acosta, no fue incluido en la solicitud de la ACLU porque los detalles sobre su puesta en libertad y muerte son confusos. Pero ha generado dudas en su familia la falta de reconocimiento de su muerte después de que contrajo COVID-19 en detención.
Cruz fue retenido por el ICE desde 2018 en una instalación del Departamento de Correcciones de Nueva York y estuvo dos años en espera del juicio por cargos de abuso sexual; él se declaraba inocente. Según el portal de noticias The City, dos meses antes de ser liberado había llamado a su hijo para informarle que se sentía enfermo. Fue trasladado al Hospital Bellevue el 1 de mayo de 2020. Su caso también es diferente porque fue un juez de inmigración, no el ICE, quien decretó su liberación el 22 de mayo. Murió el 11 de junio de 2020 en el hospital.
Ni el ICE ni el Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York informaron sobre la muerte de Cruz. El Departamento de Correcciones remitió los cuestionamientos de The City a los Servicios de Salud Correccionales.
‘Fue negligencia flagrante’
Este patrón existía antes de la pandemia de COVID-19. En un caso investigado por el IRW, una reclusa transgénero llamada Johana Medina León murió de complicaciones relacionadas con el VIH en 2019 en el centro médico Del Sol en Texas.
Medina León llegó ilegalmente a los Estados Unidos en busca de asilo político. Durante las seis semanas que estuvo detenida solicitó la libertad condicional en repetidas ocasiones. Los detenidos pueden solicitar la libertad condicional por motivos humanitarios y por motivos médicos.
El ICE liberó a Medina León el mismo día que fue hospitalizada. Según los informes de la NBC, una fuente del ICE sostiene que Medina León es el ejemplo de una persona que ingresa a la detención con una condición no diagnosticada. Se supone que el ICE debe evaluar médicamente a las personas dentro de las 12 horas posteriores a su detención.
Allegra Love, una abogada de inmigración que conoce el caso, dijo que Medina León sabía que estaba enferma, pero que los funcionarios del ICE le negaron repetidamente el tratamiento adecuado. “Una mujer muy enferma ha estado pidiendo libertad condicional. ¿Qué haces para cubrirte las espaldas?” se pregunta Love. “¿Por qué otra razón decidirían dejarla ir en libertad condicional tan de repente?”
En un caso similar, el ICE liberó a José Luis Ibarra Bucio dos semanas después de que fuera hospitalizado en el Centro Médico de la Universidad de Loma Linda en California. Sufrió un colapso el 8 de febrero de 2019 estando en custodia, entró en coma y murió seis semanas después por una hemorragia cerebral, según el diario The Los Angeles Times.
“El ICE lo sabía, su lógica fue: Está en coma, no sabemos si se recuperará; pongámoslo en libertad”, dijo Lizbeth Abeln, directora de defensa contra la deportación de Inland Coalition for Immigrant Justice, una coalición de grupos con sede en California centrada en ayudar a los inmigrantes. “Falleció unos días después. Y luego afirmaron que no estaba en custodia, y por lo tanto no era su obligación informar.”
El IRW encontró otra muerte no registrada por el ICE en una demanda por homicidio culposo presentada en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey.
Mariee Camyl Newberry Juárez, de 21 meses de edad, pasó más de dos meses detenida por el ICE junto con su madre antes de morir en mayo de 2018. Las dos fueron detenidas por ingresar ilegalmente al país en busca de asilo político.
El IRW no encontró registros de que el ICE pusiera en libertad a Mariee, pero la agencia tampoco informó del deceso. Las demandas legales no establecen el estado de custodia de Mariee en el momento de su muerte; es posible que estuviera bajo la custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados, pero lo cierto es que el caso presenta una falta de claridad y de transparencia.
La denuncia por homicidio culposo presentada por la madre alega que durante la detención la pequeña había desarrollado una tos congestiva que evolucionó en fiebre, diarrea y vómitos. Después de que el ICE transfirió a la niña y a su madre a Nueva Jersey, Mariee fue tratada en dos hospitales durante las siguientes seis semanas. Murió el 10 de mayo de 2018.
“Esto no se trató simplemente de un error de juicio médico”, sostiene la demanda. “Fue una negligencia flagrante lo que provocó la muerte de una niña gravemente enferma.”
‘Su caso… me perseguirá por el resto de mi vida’
Los defensores de la inmigración están convencidos de que históricamente el ICE ha tenido problemas para brindar atención médica adecuada a los detenidos e informar sobre los decesos.
Hay ejemplos que apoyan esa acusación, incluso antes de la pandemia. El IRW investigó dos muertes no reportadas que ocurrieron antes de 2018.
En el primer caso, Teka Gulema murió el 18 de enero de 2016 en el Centro Médico Riverview en Gadsden, Alabama, luego de estar recluido en la cárcel del condado de Etowah desde 2012 por asalto y otros cargos en Virginia, según el portal de noticias de Alabama AL.com.
En 2015 quedó paralizado del cuello hacia abajo debido a una infección “prevenible y tratable” que desarrolló bajo la custodia del ICE, según una denuncia del grupo de defensa de la inmigración CIVIC (ahora llamado Freedom for Immigrants). Gulema había escrito a Freedom for Immigrants tres años antes de su muerte para pedir una mejor atención médica.
“Nosotros los detenidos en la cárcel del condado de Etowah enfrentamos demoras irrazonables y recibimos atención médica muy limitada”, escribió Gulema. “La atención médica que brinda la instalación es la peor que hemos visto. El personal del Departamento de Seguridad Nacional / ICE no debe esperar hasta que otros detenidos mueran en la cárcel del condado de Etowah [a causa de] un servicio médico deficiente.”
Después de nueve meses en el hospital, el ICE dejó en libertad a Gulema. Murió unos dos meses después, mientras aún estaba en el Centro Médico Riverview.
El personal de CIVIC escribió en su denuncia que creían que la muerte de Gulema habría permanecido “invisible y sin denunciar” si los grupos de defensa externos no hubieran protestado por las circunstancias de su liberación.
“Su caso me perseguirá por el resto de mi vida”, dijo Christina Mansfield, cofundadora de Freedom for Immigrants. “Básicamente predijo su propia muerte.”
Al igual que Teka Gulema, la familia de Gerardo Cruz-Sánchez sostiene que su muerte obedeció a una atención médica inadecuada. Contrajo neumonía a principios de 2016 en el Centro de Detención de Otay Mesa en California, de acuerdo con la demanda por homicidio culposo que interpuso su familia.
Cruz-Sánchez fue detenido y encarcelado como testigo del tráfico de extranjeros. Colaboró con el gobierno y nunca se le presentaron cargos. Su condición de salud se deterioró rápidamente durante la detención, según la demanda, ya que el personal ignoró sus solicitudes de asistencia médica. Murió el 29 de febrero de 2016, solo 18 días después de haber sido detenido.
Como en el caso de la muerte de la niña Juárez, el IRW no encontró registros de que el ICE pusiera en libertad a Cruz-Sánchez y hay poca transparencia en torno a su caso. Sin embargo, el ICE no informó la muerte de Cruz-Sánchez.
“Hoy estaría vivo si las autoridades hubieran cumplido con su deber legal y moral de cuidar a sus propios testigos”, afirma la demanda.
Es posible que las familias que demandan al ICE por homicidio culposo aún no reciban el reconocimiento público por parte del ICE por la muerte de su familiar.
Eunice Cho, de la ACLU, dijo que muchas personas recluidas por el ICE nunca tienen acceso a la representación legal. También es posible que algunos detenidos no tengan familiares en los Estados Unidos.
“La única forma de que nos enteramos de estos casos en particular es porque los defensores o los familiares han tratado de encontrar algún recurso ante la muerte de su ser querido”, dijo Cho. “Pero, ¿cuántas personas carecen de un abogado o un familiar en los Estados Unidos que pueda llamar la atención sobre su caso?”
La falta de transparencia del ICE dificulta más encontrar estos casos y crear conciencia sobre los problemas en la agencia. La solicitud de registros públicos presentada por la ACLU recoge un informe de septiembre de 2020 del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, según el cual el personal del ICE ha falsificado los registros de observación “para encubrir problemas con la atención médica”.
‘Perversos incentivos financieros’
Los abogados y defensores alegan que la falta de personal y la falta de atención médica que proporcionan algunas empresas privadas en las instalaciones contratadas por el ICE, dificultan el establecimiento de responsabilidades. Eso ha llevado a que las empresas privadas tengan “perversos incentivos financieros” al prestar sus servicios en las instalaciones de ICE, dijo Jessica Vosburgh, fundadora y directora jurídica de Adelante Alabama Worker Center, una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos.
“Quieren reducir costos, por lo que escatiman en atención médica y personal”, dijo sobre las empresas privadas. “El problema adicional con las empresas privadas es que tienen una presencia corporativa con la que pueden presionar a favor de sus intereses.”
GEO Group y CoreCivic son dos de las empresas privadas más grandes que poseen, administran o invierten en cárceles públicas que tienen contratos con el ICE, según datos de gastos de contratación del Departamento del Tesoro. CoreCivic está demandada en los casos de la niña Juárez y de Cruz-Sánchez.
Ryan Gustin, director de asuntos públicos de CoreCivic, escribió en una declaración enviada por correo electrónico al IRW que esa empresa no brindó servicios médicos a Cruz-Sánchez ni a la niña porque la atención médica es responsabilidad del Cuerpo de Servicios de Salud del ICE.
El Cuerpo de Servicios de Salud está a cargo de la administración de los servicios médicos en los centros de detención del ICE, pero la agencia ha tenido problemas con la supervisión de la atención médica de los detenidos, como se describe en un informe de Responsabilidad del Gobierno.
“CoreCivic no toma ninguna decisión sobre transferencias o liberaciones de detenidos”, dijo Gustin. “Esas decisiones le competen a nuestro socio gubernamental, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y / o el sistema judicial.”
Andrew Free, un abogado que ha rastreado más de 200 muertes de detenidos y ha resuelto múltiples demandas por homicidio culposo de detenidos del ICE. Dijo que ha hablado con el personal de compañías que operan prisiones privadas que afirman que se les instruye que eviten declarar defunciones de personas en custodia. Dijo que los superiores le dijeron a un ex guardia en California que “tratara de revivir a un tipo hasta que llegara el paramédico, porque aquí no muere nadie”.
El IRW se puso en contacto con GEO Group y CoreCivic para que comentaran sobre la acusación de que a algunos empleados contratados se les dice que eviten declarar las muertes en las instalaciones de la empresa.
El GEO Group envió una declaración por correo electrónico afirmando que la compañía siguió los Estándares Nacionales de Detención basados en el desempeño, establecidos durante la administración del presidente Barak Obama, y que sus instalaciones están altamente calificadas por “entidades de acreditación de terceros”, como la Asociación Correccional Estadounidense.
“Rechazamos enérgicamente estas acusaciones infundadas. Todos los días nuestros empleados están en primera línea, brindando servicios de alta calidad a quienes tenemos bajo nuestro cuidado y tratándolos con dignidad y respeto”, según el comunicado del GEO Group.
Gustin, de CoreCivic, también escribió que esa empresa no trataba de evitar el registro de muertes en las instalaciones.
Pero Eunice Cho dijo que el sub registro de muertes de detenidos plantea dudas sobre la naturaleza del sistema de detención de inmigrantes de los Estados Unidos.
“¿Es realmente necesario que detengamos a las personas que esperan su audiencia de adjudicación de inmigración, que es de naturaleza civil, en este tipo de condiciones en las que el ICE se comporta de manera profundamente peligrosa e irresponsable?”, se preguntó Cho. “La pregunta es: ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Quién se está beneficiando y quién está perdiendo la vida como resultado?”
Ha pasado más de un año desde que murió el esposo de Lourdes María Mejía Flores y ella le dijo al IRW que todavía no ha recibido ningún reconocimiento por parte del ICE.
“Me gustaría que [el ICE] nos lo reconociera a nosotros, a su familia”, dijo. “Imagina todo el sufrimiento, todo por lo que hemos pasado. Y no le dan ningún reconocimiento. Ninguna respuesta. Nada.”
This article was translated from English to Spanish by Sandra García-Díaz, a former journalist and editor born in Costa Rica, who has translated books, research, analyses and operational manuals for the United Nations. García-Díaz previously was a spokesperson for a Jesuit NGO in Nicaragua and later was a Regional Information Officer for the United Nations High Commissioner for Refugees in its offices in Mexico and Venezuela.
